“Ojalá no fuera tan inteligente”

Un niño gana un pleito a la Juntade Extremadura, que le negaba que fuera superdotado, tras cinco años de pleitear por conseguir que en el colegio se lo reconociesen, y adaptasen su currículum o le acelerasen de curso al que asistir. La falta de medios de detección causa problemas psicológicos a muchos de estos alumnos:

Raúl tenía cinco años cuando una profesora sugirió a su madre, María José Molino, que le hicieran una prueba para ver si era superdotado. “Me dijo que nunca se había encontrado un niño tan inteligente, pero yo no le di importancia, porque lo comparaba con su hermano, tres años mayor —luego se descubrió que también era superdotado—”, explica en su casa de Mérida. Dos años después, otra profesora le propuso lo mismo y Molino y su marido fueron a ver al director y a la tutora de su hijo en el colegio, que insistieron en hacerle un test de inteligencia. El matrimonio firmó la autorización. Era 2010. Acababa de empezar una batalla de casi cinco años contra la Junta de Extremadura, los dos últimos en los tribunales.
La OMS considera que un 2% de la población es superdotada, pero en España fallan los métodos de detección en la escuela. Muchos padres desconocen que su hijo lo es y, cuando, en algún centro especializado se lo han confirmado, la Administración suele poner trabas para que esos niños reciban educación especial, lo que puede causar graves problemas psicológicos, además de la pérdida de talento.
Molino muestra los resultados del primer test que le hizo el equipo de Orientación de la Junta. Es un folio con 17 líneas que afirma que Raúl, que entonces tiene 10 años, tiene mucha memoria y un cociente intelectual de 124, pero que no es superdotado (a partir de 130). Con la otra mano, esta madre sostiene el informe elaborado poco después por un centro especializado de Valladolid: 100 folios que concluyen que sí es superdotado, que en algunas materias tiene la edad mental de un niño de 14 años y en otras incluso de 16, por lo que sugieren adelantarle al menos un curso. “Nosotros no sabíamos nada de esto. Fuimos a este centro porque en el propio colegio de mi hijo nos dijeron que los del equipo de orientación se habían quitado al niño de encima y que en Valladolid lo evaluarían mejor. Nos gastamos unos 1.500 euros entre la estancia y el informe, que costó 800”, recuerda Molino.
Pese al desembolso, estos padres volvieron a casa ilusionados. “Pero nos encontramos con un muro de burocracia. No aceptaban el informe de Valladolid, así que los orientadores de la Junta debían hacerle una nueva prueba de contraste. Tardaron cuatro meses en examinar al niño”. Mientras, Raúl había empezado a aburrirse mucho en clase. “La profesora le dijo que se llevara libros para leer. Y es lo que hacía”, explica su madre. Finalmente, los orientadores de la Junta les dijeron que el niño tenía un “rendimiento excepcional” en Lengua y Matemáticas y sugirieron subir de curso a Raúl en ambas asignaturas. “Pero terminó el curso y el director del colegio me dijo que le habían prohibido que esas calificaciones figuraran en su expediente académico”. La Administración extremeña obligó a Raúl, un niño superdotado, a repetir el año siguiente las dos materias del curso superior, pese a que en ambas había sacado sobresaliente.

La Junta obligó al pequeño a repetir dos materias en las que tenía sobresaliente
“El niño empezó a estar muy mal. Tenía pesadillas, ataques de asma. Le salían ronchones por el cuerpo y me decía cosas como: ‘Mamá, odio mi vida y odio el colegio”, recuerda Molino. “Le llevé al pediatra, que me derivó a un psicólogo que ratificó que es superdotado y me dijo que tenía ansiedad. Le enviamos este nuevo informe a la consejería. Caso omiso. Raúl le escribió una carta a la consejera diciendo que él había cumplido con todo lo que le han pedido, que no le hicieran repetir curso. Pero insistieron en que no era superdotado. Y entonces decidimos denunciar”. Es febrero de 2013. Raúl tiene 10 años.
En junio de 2014, un juzgado de Badajoz da la razón a la familia tras encargar a una perito especializada, Carmen Sanz, que examine los informes de la Junta y que evalúe ella misma al niño de nuevo. Su dictamen es demoledor. Sanz comprueba que la Junta no ha hecho bien las pruebas: están “incompletas” y han sumado mal las puntuaciones en cuatro de ellas. Raúl, de 11 años, tiene un cociente intelectual superior a 135 y la edad mental de un niño de 14. “Es superdotado”, concluye, por lo que conviene adelantarle de curso “lo antes posible”. No haberlo hecho antes, añade la perito, “ha supuesto un retraso importante en su desarrollo educativo y ha tenido un efecto negativo en su desarrollo emocional que está afectando de forma grave a su bienestar psicológico”.

Las puntuaciones del test de la consejería 
para saber si era superdotado estaban mal sumadas.

Con ese informe en la mano, el 20 de junio de 2014, el juez ordena que en septiembre Raúl empiece en un curso superior al que le correspondería por edad y que un profesor de apoyo le prepare para el cambio. Los padres creen que ha terminado el calvario, pero la Junta recurre la sentencia. El 30 de julio, el juzgado desestima su recurso y ordena ejecutarla, pero el Gobierno extremeño vuelve a recurrir, ahora ante Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), advirtiendo que el niño “puede no ser bien tratado por sus nuevos compañeros, mayores que él”. En su recurso, la Junta solicita que el tribunal admita, al menos, que no se dé al niño ese profesor de apoyo, un “exceso innecesario”. Finalmente, el pasado 27 de enero, el TSJE ratifica la sentencia e impone a la Administración el pago de costas. Hace casi cinco años que a Raúl le reconocieron que era superdotado en un centro de Valladolid. “Cinco años perdidos”, lamenta su madre.
Los padres de Raúl calculan que han invertido unos 30.000 euros en esta batalla. “Creo que todo ha sido porque no tienen medios, profesores de apoyo… Lo que más me ha dolido ha sido la insensibilidad de la Junta, pleiteando contra un niño solo por no reconocer que se equivocaron. ¿Con cuántos niños más se habrán equivocado? Ojalá el mío sea el último”, afirma Molino. “La Administración se aprovecha de tu ignorancia, porque lo normal es que no sepas de esto, y de tu miedo, porque tu hijo está en sus manos seis horas al día. De haber sabido la que se nos venía encima hace cinco años quizá lo hubiera dejado pasar. Lo hemos pasado muy mal. Raúl me decía: ‘Ojalá no fuera tan inteligente’. Él pensaba que lo estaban castigando por eso”.

“Mamá, odio mi vida y odio el colegio”, le decía Raúl a su madre.


Molino y su marido han dedicado estos cinco años a leer sobre el tema y a contactar con otros padres en la misma situación, para asesorarse. Así dieron con Isidro Padrón, presidente de la Fundación de Ayuda a los Niños Superdotados de Canarias, una institución entre el colectivo porque con tres hijos superdotados acumuló nueve sentencias contra el Gobierno canario. Padrón empezó a pleitear en 1994. Está especialmente orgulloso de la sentencia de noviembre de 2012 del Tribunal Supremo que establece que los informes privados “sí pueden servir para colaborar en la detección de los alumnos con altas capacidades y en las medidas más convenientes a adaptar”.
Raúl ahora es feliz en un curso superior al que le correspondería por edad. Han desaparecido las pesadillas y los ronchones, pero el proceso no ha sido fácil. “Una madre me dijo: ‘¿Tu hijo es superdotado? ¡Qué miedo!’. Y otra prohibió a su hijo que siguiera viendo al mío. Fue él mismo quien se lo dijo a Raúl”, lamenta Molino.
El niño entra en el salón e interrumpe la conversación sin reparar en la montaña de informes y sentencias sobre él que han quedado encima de la mesa. Está impaciente porque es el cumpleaños de uno de los amigos del curso que ha dejado atrás y quiere que sus padres le lleven cuanto antes. “Es un superdotado, pero sigue siendo un niño”, explica su madre. Un chaval de 12 años que ha ganado un largo pleito a la Administración.

Contra la orden 1493/2015 sobre atención a las ACI (Altas Capacidades Intelectuales)

Queremos dejar reflejado nuestro frontal rechazo hacia la orden 1493/2015, de la Consejeríade Educación, por la que el pasado mes de mayo se regulaba de nuevo la evaluación y promoción de los alumnos con Altas Capacidades entre otros y que se puede encontrar aquí. En realidad, ha venido a perpetuar un sistema de detección, evaluación y promoción que es poco ágil, que sólo permite a la Administración realizar esa evaluación y que no garantiza con nada nuevo la debida atención educativa que necesitan, atención que en la mayoría de los casos los alumnos no están recibiendo. En una gran parte de los casos ni se llega a realizar la evaluación porque los profesores, tutores y orientadores suelen hacerlo ‘a ojo’, es decir, que se limitan a negar la evaluación incluso cuando los padres la piden argumentando un simple ‘yo no lo veo’ de palabra. Es tan burda la forma en que se les da esquinazo a los padres, preocupados por los cambios negativos que observan en sus hijos no atendidos adecuadamente en el colegio, que es evidente que quien ha redactado esta norma o bien no conoce en absoluto la realidad en los colegios o se la trae al pairo, pues no sólo no establece ninguna novedad para garantizar el cumplimiento de la atención a las necesidades educativas específicas de las ACI, sino que además ‘legaliza’ esta práctica en su artículo 3, cuando dice que “La identificación inicial de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno será realizada por el maestro tutor y por el equipo docente del mismo”.
Las familias con hijos de AACC van a seguir sintiéndose tentadas a optar por salir del sistema educativo oficial, bien buscando escuelas con atención específica a las necesidades educativas de sus hijos, bien decantándose por el homeschooling o escuela en casa. Es tan meridianamente claro que dejan a los padres absolutamente fuera de todo el proceso para detectar y atender las ACI, cuando los jueces han sentenciado ideas completamente contrarias a las que se reflejan en la actual norma, como en la Sentenciade 12/11/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es tan meridianamente claro en la realidad que no existe equivalencia entre AACC y rendimiento académico, que los padres no tienen muchas veces más salida que sacar del sistema educativo a sus hijos cuando, no sólo no reciben comprensión ni atención en la práctica, sino que además toda esa incomprensión, esa falta absoluta de conocimientos especializados sobre la materia, se reflejan en una norma legal. En concreto, los artículos 6 y 16 son un de despropósito completo. Denotan, o bien una intención abrumadora de simplificar el tema y con ello ahorrarse recursos (si es que el tema de la adecuada atención a las ACI requiriese en la realidad más recursos), o bien un desconocimiento de las AACC tan grande que hiere profundamente a cualquier familia que tenga que lidiar con leyes confeccionadas al parecer por personas sin ninguna preparación.
En el artículo 6.2 se especifica que las “adaptaciones de ampliación y/o enriquecimiento deben llevarse a cabo cuando se valore que el alumno […] presenta un rendimiento excepcional en un número determinado de áreas o un rendimiento global excepcional y continuado”. En el artículo 16.1 se especifica que “La medida de flexibilización para aquellos alumnos con altas capacidades intelectuales que tengan un potencial excepcional para el aprendizaje y un elevado rendimiento académico se tomará cuando las medidas educativas que el centro pueda adoptar se consideren insuficientes para atender adecuadamente al desarrollo de las capacidades de estos alumnos”. Sin embargo, hasta la prensa se ha hecho eco en muchas ocasiones del alto porcentaje de fracaso escolar de los niños de AACC. No se entiende que la administración educativa mire para otro lado y decida ofrecer las medidas efectivas para la atención educativa de estos niños sólo si muestran un elevado rendimiento académico.
Toda la orden destila una forma autoritaria de proceder, viéndose a los padres como una parte a la que en todo caso sólo hay que informar, a los que no se tiene en cuenta en ninguna decisión y a los que si se les nombra es para obligarles a colaborar adjudicándoles deberes, como el de proveer determinada documentación. Esta nueva norma deroga a su predecesora, la orden 70/2005, de 11 de enero, de la Consejeríade Educación. En la comparativa, los alumnos de Altas Capacidades y los padres de los mismos son los principales perjudicados. La nueva normativa es más restrictiva en cuanto a la posibilidad de flexibilización de curso, ignora completamente a todo el que no forme parte de la Administracióneducativa para detectar, evaluar y decidir las medidas apropiadas para atender a este alumnado y exige un alto rendimiento académico del niño previo incluso a cualquier medida de adaptación curricular o flexibilización de curso.